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Las medidas económicas de ayuda a autónomos contra la crisis del coronavirus

Las principales medidas tomadas por el Gobieno para ayudar a los autónomos y las pymes son la flexibilización de los ERTE, la prestación extraordinaria por cese de actividad y la suspensión de cuotas para los afectados por la crisis.

El Gobierno ha anunciado el segundo paquete de medidas económicas que van a servir para sostener la economía de nuestro país mientras se pone freno al COVID-19. El plan expuesto incluye las medidas de ayuda a autónomos y empresas españolas (99,8 % del tejido empresarial del país) para hacer frente a la crisis. Las medidas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia están inscritas dentro de un gran conjunto de medidas que destinará 200.000 millones de euros a socorrer la economía española durante la crisis sanitaria.

Esta inyección es la mayor movilización de dinero por parte de la Administración de la historia reciente. Supone alrededor de un 20 % del PIB anual. De los 200.000 euros, 117.000 serán íntegramente públicos y el resto procederán del sector privado.

Ayuda a autónomos

Una de las medidas de ayuda autónomos contenida en el plan de choque es la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Serán procedimientos válidos para las empresas y negocios afectados. Es decir, aquellos que hayan tenido que cerrar centros de trabajo, adoptar medidas de aislamiento, paralizar la actividad o los desplazamientos o cancelar el envío de mercancías. Además, el Real-Decreto ley aprueba la concesión de prestaciones por desempleo a todos los trabajadores y autónomos cuyo empleo se haya visto afectado por motivos de salud pública.

Para realizar un ERTE las empresas tendrán que entregar a la autoridad laboral un informe en el que se expliquen los motivos que les han obligado a llevarlo a cabo. La administración resolverá la solicitud en un plazo de siete días como máximo. Todos los ERTE que sean consecuencia de las medidas que se han adoptado para combatir la epidemia de COVID-19 serán considerados de fuerza mayor.

Prestación por cese de actividad

El Real Decreto-ley aprobado establece la flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad, también conocida como paro de los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios afectados. La prestación durará un mes que será prorrogable en caso de persistir la situación. Su cuantía se computará con el 70 % de la base reguladora. O, en su defecto, con el 70 % de la base mínima cuando sea imposible acreditar el tiempo mínimo de cotización para el acceso a la prestación.

Así pues, los beneficiarios de la ayuda a autónomos serán todos aquellos, incluidos los societarios y los empleadores, que hayan tenido que suspender su actividad a causa de la situación excepcional de estado de alarma. También percibirán la prestación los autónomos solicitantes que hayan sufrido un descenso de su facturación. Para ello, la disminución deberá ser como mínimo del 75 % en el mes anterior al de la solicitud en relación con la media de facturación del anterior semestre.

Prestación por desempleo

En el caso de los trabajadores, tendrán acceso al paro o prestación por desempleo mientras el contrato permanezca suspendido o con reducción temporal de la jornada. Podrán percibir la prestación aunque no hayan cotizado el tiempo necesario. La cuantía de la ayuda resultará de calcular el promedio de las bases de cotización de los 180 últimos días cotizados. En caso de haber trabajado menos tiempo, la administración tomará para la media el periodo trabajado íntegramente. El tiempo de percepción de la ayuda debido a las circunstancias excepcionales no se descontará del paro acumulado hasta el momento. 

Además, los trabajadores podrán tomar la decisión de reducir su jornada hasta el 100 % para atender obligaciones de atención a hijos y abuelos. La retribución, en este caso, será la que corresponda a la jornada realizada. No podrán ser sancionados ni despedidos por acogerse a esta posibilidad. 

Suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social

Una de las medidas más importantes es que los autónomos y empresarios que utilicen los ERTE o cuyo negocio se vea afectado por la gestión de la crisis del coronavirus no deberán pagar las cuotas de autónomo a la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia que hayan interrumpido la actividad o que hayan tenido que reducirla a mínimos no tendrán que cotizar.

Ayudas a las empresas

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado avales para las empresas por un montante de hasta 100.000 millones de euros. Esto permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros si contribuye el sector privado. También se aprueba una línea de avales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles.

El paquete incluye otras tres medidas destacadas para empresas. Por un lado, facilidades para reestructurar créditos a exportaciones agrarias que hayan sido afectadas por la seguía. Y por otro, programas de digitalización para que las pymes que lo necesiten puedan incorporar el teletrabajo. En tercer lugar, han modificado la normativa sobre inversiones exteriores para evitar que las empresas de fuera de la Unión Europea puedan quedarse con las empresas cotizadas españolas. Estas no podrán servirse del desplome del valor de las acciones provocada por la coyuntura para hacerse con el control.

Reacción de las asociaciones de autónomos

La respuesta de las principales federaciones de autónomos españoles a este pack de medidas ha sido dispar. La Unión de Asociaciaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha valorado positivamente las medidas. Las califica como “un balón de oxígeno”. Desde la agrupación saludan la exoneración de las cuotas, la agilización de los ERTE, la flexibilización de la prestación por cese de actividad y los avales públicos. Pero también emplazan al Gobierno a seguir profundizando en la ayuda a autónomos implementando mecanismos de moratoria y flexibilidad en el pago de suministros básicos, alquileres e hipotecas y créditos bancarios. 

En cambio, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (Ata) ha criticado con dureza la actuación del Gobierno. Considera que “no ha entendido bien el clamor de los autónomos”. Piden que suspendan las cuotas a la SS de todos los autónomos afectados durante dos meses. Consideran, además, que la aprobación de la prestación extraordinaria por cese de actividad no es más que un derecho que ya estaba reconocido con anterioridad. “Solo faltaría que cuando un autónomo va a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como esta de la negaran”, ha declarado Lorenzo Amor, presidente de Ata. “¿No defendía tanto el gobierno la cotización por ingresos? Pues a ingresos cero, cotizaciones cero“, ha exigido. 

Por su parte, la Unión e Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha mostrado su satisfacción con el Real-Decreto ley de medidas extraordinarias. Instan, no obstante, a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sea rápido articulando el procedimiento para poder acceder a la prestación. También piden que abran cuanto antes los canales oportunos para la resolución de las solicitudes.

Primer paquete de medidas

El pasado 10 de marzo el Ejecutivo ya anunció varias medidas económicas de carácter urgente. Una de las más importantes de ayuda a autónomos y pymes fue aplazar y fraccionar las deudas tributarias por un plazo de seis meses y sin intereses. Según los cálculos del gobierno, esta medida permitiría inyectar 14.000 millones de euros de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y profesionales.  Además, el gobierno aprobó el aplazamiento del reembolso de préstamos del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio a las empresas industriales.

Otra de las medidas fue la mejora de las condiciones de las bajas laborales vinculadas al coronavirus. El aislamiento por motivos de prevención pasó a tratarse como una baja. De esta manera, tanto las personas infectadas como las aisladas reciben la condición de incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo.

Esto supone una que la prestación que recibirán las personas en esta situación será mejor que la que percibirían si se gestionara como una baja laboral por enfermedad común o por accidente no laboral. En este caso los tres primeros días no cobrarían y a partir del cuarto día cobrarían el 60 % del sueldo. En cambio, con la medida, la cantidad de la ayuda será del 75 % de la base reguladora desde el día inmediatamente posterior a la baja. Además, es la Administración Pública la que asume este aumento, no la empresa.

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